Un 1,5% de las adopciones internacionales se rompen en los primeros años, según un estudio de Ana Berástegui, doctora en Psicología e investigadora en el Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas. Lo hizo en 2003, pero entonces ya avisaba de que la experiencia de
países con mayor tradición en adopciones, como Holanda, constataba que pasados de cinco a ocho años de convivencia, cuando el menor entraba en la adolescencia, las rupturas aumentaban. Ese plazo ya ha pasado en España desde el boom de adopciones entre 2004 y 2006 (un 273% más que en 1998), y ya han saltado las primeras alarmas de este problema. Hace unos días, Cataluña alertó de que 72 menores habían sido abandonados por sus padres adoptivos en la última década. Más de la mitad provenían de adopciones internacionales y tenían más de 10 años. La Consejería de Bienestar Social catalana anunció que revisará sus criterios de selección de las familias, pero los expertos consideran que, además, es necesaria una mayor información, formación y seguimiento de los padres para evitar el fracaso de los proyectos adoptivos.
Las dificultades de la paternidad no son exclusivas de los adoptantes, pero sí existen peculiaridades. "Tienen que admitir que la Administración fisgará en su vida, que los hijos pueden ejercer su derecho a buscar a sus padres biológicos, o que pueden sufrir problemas por sus orígenes", dice Berástegui. Lila Parrondo, psicóloga especializada en adopciones, añade la cuestión afectiva: "Normalmente los menores adoptados conflictivos muestran una conducta desafiante. Intentan constatar una y otra vez que no les van a abandonar a pesar de lo que hagan". En sus 22 años de experiencia ha observado que incluso algunos niños se oponen a aceptar a sus nuevos padres. La mayoría de las familias acaban superando estos problemas, pero las que no suelen posponer el momento de pedir ayuda porque les cuesta reconocer que han fracasado. "Sufren mucho", comenta Eva Gispert, directora del Instituto Familia y Adopción, entidad sin ánimo de lucro. Los casos de padres adoptivos que renunciaron a la tutela de sus hijos que ha conocido este periódico no quieren recordar el calvario por el que pasaron: las discusiones, la terapia, la impotencia e, incluso, el divorcio. "Se sienten estigmatizados y fracasados", comenta Gispert.
La cuestión es si aquellas familias eran realmente idóneas para la adopción, si tuvieron la información y formación necesarias y si contaron con apoyo tras la llegada del menor. Javier Álvarez-Ossorio, representante de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA) cree que no. "Nos lanzamos a la adopción internacional sin tener los recursos necesarios". No fue hasta la Ley de Adopción Internacional de 2007 cuando se estableció la obligatoriedad de una "formación previa de las familias que permitiera comprender y afrontar las implicaciones de la adopción internacional, preparándolas para el adecuado ejercicio de sus funciones parentales una vez constituida aquella".
Pero cuando empezaron a funcionar esos cursos ya se había producido un boom de adopciones. Se pasó de poco más de 3.500 en 2002 a 5.500 en 2004 y 2005. A pesar del descenso de los años siguientes, España es el segundo país del mundo con más adopciones internacionales después de Estados Unidos, según un informe del Parlamento Europeo. Para Ana Berástegui, en la última década se ha dado "una visión demasiado positiva y naif de las adopciones, y la crianza de un hijo adoptivo es más difícil porque viene con una historia de riesgo detrás". Aquellos niños que vinieron hace 10 años hoy son adolescentes, con la rebeldía propia de la edad y los problemas añadidos de su condición.
Uno de los principales retos de las familias adoptivas es crear vínculos afectivos y, por muy deseados que sean los hijos, no siempre llegan a establecerse. "Es un problema de expectativas que a veces no se cumplen", apunta Berástegui. Isabel Machado, responsable del servicio posadopción de Andalucía, pone un caso reciente: "La familia planteó que no había creado ningún lazo afectivo con su hija, que ya llevaba tres años con ellos. Normalmente, cuando hay problemas no es que los padres no los quieran abordar, es que no pueden".
Pero aunque no se creen vínculos familiares, una adopción es "irrenunciable", según el Código Civil. "Hay cierta fantasía entre algunos padres adoptivos cuando las cosas no van bien. Piensan que como la Administración concedió al niño, se tiene que hacer cargo de ellos si fracasan", apunta la psicóloga Lila Parrondo.
El proceso legal para renunciar a la tutela, incluso la custodia, es el mismo para hijos biológicos y adoptados, pero en términos emocionales es diferente. "Cuando se dan rupturas pierde todo el mundo, aunque los niños son los que más sufren porque para ellos es un segundo fracaso. Es un trabajo fundamental que entiendan que no es su culpa", asegura Isabel Machado.
En febrero de 2011 había 25 niños adoptados en los centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, según datos de Berástegui. La mitad de ellos habían sido adoptados cuando tenían menos de 6 años. El 68,2% estaba allí porque a partir de los 11 años tuvo problemas de conducta con sus familias. Entre los niños del centro hijos de padres biológicos, solo un 20,7% estaba allí por el mismo motivo. A tenor de los resultados, la investigadora cree que "algunas rupturas tienen que ver con la ligereza de los criterios en el pasado". Con el tiempo, los requisitos para la idoneidad se han endurecido, pero todavía "tienen que revisarse porque ha cambiado el perfil de los niños adoptables, que ahora son más mayores", apunta.
Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, considera que la Administración "no es la única culpable de las adopciones truncadas", pero reconoce que "hay que analizar si los procesos han sido los adecuados. Es el momento de abrir el debate". "Como jurista, veo que no es concebible que ninguna comunidad contemple como causa de no idoneidad el haber abandonado a un hijo antes". El ministerio ha elaborado un manual para las evaluaciones técnicas en las adopciones internacionales, porque "convendría procurar una homogeneidad", según Adroher, pero no deja de ser competencia de las comunidades.
El proceso de idoneidad se ha mejorado desde 2005, tras el pico de adopciones. "Empezamos a buscar en la experiencia unos criterios en la selección de familias", explica Berástegui. Pero además de ese camino largo y difícil que tienen que superar los adoptantes para lograr la idoneidad, los expertos coinciden en que para evitar las adopciones truncadas es necesaria una buena formación previa. "No se trata de asustarles, pero tienen que conocer los riesgos", dice Parrondo. En el caso de la vía internacional los cursos preadoptivos son obligatorios, pero "insuficientes", según Álvarez-Ossorio, de CORA. En la mayoría de comunidades se imparte un curso de 10 horas en una o varias sesiones, pero cree que tendrían que ser al menos 15 horas y una formación más específica. "Si les damos las herramientas y el tiempo para reflexionar la mitad de las familias se autodescartarían", apunta.
Cataluña es la primera que ha anunciado que aumentará el tiempo de formación de 12 a 16 horas repartidas en cuatro semanas, y no un día y medio como hasta ahora. Sin embargo, las asociaciones de padres adoptivos demandan un paso más: que la formación no la impartan las mismas instituciones que evaluarán su idoneidad. Eva Gispert asegura que las familias tienen reticencias a mostrar sus dudas en los cursos de preparación, porque piensan que les perjudicará.
La otra carencia del sistema, según el representante de CORA, es la falta de apoyo mientras el hijo es menor de edad. En las adopciones nacionales se realizan evaluaciones periódicas, pero no ocurre lo mismo con las internacionales. Son los países de origen los que fijan el seguimiento que debe hacerse. Como ejemplo, Rusia pide cuatro informes en los tres primeros años, China solicita tres en el primer año y Colombia, dos. Otros países, como Mozambique, no requieren ninguno. Pero, además, queda a elección de las comunidades hacerlo o no. Aunque la mayoría cuenta con servicios de apoyo posadoptivo, algunos casos de adopciones truncadas no se detectan. "Los pocos datos que tenemos", asegura Berástegui, "son solo la punta del iceberg, porque sabemos de padres que mandan a sus hijos a internados y eso son, en realidad, adopciones no constituidas, que no han creado lazos, y al llegar a la mayoría de edad se rompen". En esos casos, dice Parrondo, "los padres se gastan un dineral y así nadie ve que hay una ruptura, pero solo están cubriendo las necesidades educativas del menor".
Los hijos no se devuelven
"La adopción es irrevocable". Lo dice el artículo 180 del Código Civil. Un padre adoptivo es padre cien por cien, en términos legales, como si fuera biológico. Lo que no deja lugar a equívocos: "Los hijos no se devuelven", insiste Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad. Este mensaje es el que ha tenido que transmitir Javier Álvarez-Ossorio, representante de la Coordinadora de padres adoptantes, CORA, a sus dos hijos adoptivos de nueve y 11 años, que han visto las noticias y escuchado a su padre hablar de ello en la radio.
La ruptura de las familias adoptivas es como la de cualquier otra familia. Su tutela pasa a la Administración cuando quedan privados de la necesaria asistencia moral o material. Un padre que pida a la Administración que asuma la tutela de su hijo tiene que demostrar tales circunstancias y pasar por un período de terapia. "Lo primero es intentar solucionar el problema", explican fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Pero si la ayuda no funciona, las comunidades se hacen cargo de la tutela, pero los niños, sean adoptados o no, siguen siendo hijos de sus padres. Solo se rompe el vínculo legal cuando el niño es adoptado por una nueva familia o porque un juez retire la custodia.
Aun bajo la tutela de la comunidad autónoma los padres tienen, como tales, obligaciones con su hijo. Cataluña ya ha anunciado que estudiará la responsabilidad jurídica de las familias que renuncian a la tutela, después de que se hayan conocido los datos de adopciones truncadas en esta comunidad.
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